Un río de paraguas marchó por la avenida 18 de Julio el pasado 20 de mayo, bajo una insistente lluvia que no logró disminuir la concurrencia. Miles de personas se unieron para mantener la memoria y exigir verdad y justicia.
Desde 1996 se marcha en silencio, para escuchar bien claros los nombres que suenan por altoparlante. Sus nombres, de las personas que nos arrebataron en la última dictadura cívico-militar.
Como todos los años, la multitud fue encabezada por las y los familiares de las personas desaparecidas, quienes levantaron las fotos de sus rostros por encima de los paraguas. La primera Marcha tuvo con la consigna “Por verdad, memoria y nunca más”, pero en los últimos años el lema se modificó a “Impunidad: Responsabilidad del Estado, ayer y hoy”. Esta vez fue un reclamo bien fuerte: “¡¡¡Que nos digan dónde están!!! Contra la impunidad de ayer y de hoy”.
33 ciudades marcharon en silencio. 30 en Uruguay: Montevideo, Rivera, Florida, San José, Paysandú, Mercedes, Tacuarembó, Maldonado, Piriápolis, Melo, Artigas, Juan Lacaze, Rocha, La Paloma, Salto, Treinta y Tres, Flores, Carmelo, Minas, Paso de los Toros, José E. Rodó, Durazno, Pan de Azúcar, Fray Bentos, Bella Unión, Chuy, Nueva Helvecia, Tarariras, Colonia del Sacramento y Río Branco; y 3 en el exterior: Buenos Aires, Madrid y París.
Compartimos un relato que se hizo viral en las redes y que resume perfectamente el sentimiento que une a la población uruguaya en cada Marcha del Silencio:
Los paraguas y la marcha. pic.twitter.com/t9sCu0TcDi
— Lorenin (@lorenind) 21 de mayo de 2019
La impunidad de ayer
Los militares asesinos, torturadores y violadores están amparados bajo la Ley de Caducidad, que establece que “ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales”.
Dos plebiscitos contra ella, uno en 1989 y otro en 2009, no llegaron a eliminarla. Aunque algunos militares fueron juzgados, varios consiguieron que les dieran prisión domiciliaria. Otros murieron antes de ser llevados a la Justicia.
La impunidad de hoy
La Marcha de este año se enmarca en un contexto distinto: la muerte de Luisa Cuesta, que buscó a su hijo hasta los 98 años sin encontrar ninguna información, y nuevas declaraciones que demostraron con más crudeza que nunca la impunidad que rige hasta hoy.
En 2017 el Comando del Ejército conformó un Tribunal de Honor para estudiar la conducta de los militares José Gavazzo, Jorge “Pajarito” Silveira, Ernesto Ramas, Gilberto Vázquez y Luis Maurente, todos condenados por secuestro y desaparición de personas. Gavazzo, que cumple prisión domiciliaria, reconoció aquí haber arrojado al Río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro, quien habría sido torturado en el Grupo de Artillería N°1.
Las declaraciones se dieron a conocer en marzo de este año a través del diario El Observador. Los generales que actuaron en el Tribunal de Honor -Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo- dictaminaron que el comportamiento de los militares estudiados no había dañado el honor de las Fuerzas Armadas.
Luego de la revelación del caso en los medios de comunicación, la Justicia ordenó abrir una investigación sobre lo que parecía un mal manejo del Ejército a la hora de informar sobre el crimen. Sin embargo, el entonces ministro de Defensa, Jorge Menéndez, dijo que él había avisado a Presidencia sobre la declaración.
Tanto él como el viceministro, Daniel Montiel, fueron destituidos por el presidente de la República, Tabaré Vázquez. Menéndez, que sufría de cáncer, murió a los pocos días. No obstante, Vázquez reconoció que había sido informado en febrero de la confesión de Gavazzo pero había “firmado los documentos sin revisarlos”.
El Poder Ejecutivo quiso pasar a situación de retiro obligatorio a los cuatro generales del Tribunal de Honor, pero días antes de la Marcha la Cámara de Senadores no aprobó las venias (se requería una mayoría especial).
Semanas antes, Vázquez también se había visto obligado a destituir al comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos, por cuestionar a la Justicia, y más adelante a la persona que él mismo eligió como sustituto.
“Lamentamos hondamente tener que denunciar a los senadores que pusieron sus rencillas electorales por encima de lo que su investidura les reclama, que es la defensa de la institucionalidad democrática con acciones y expresiones que la fortalezcan y no con eufemismos que los conviertan en cómplices de un pasado doloroso”, expresó la organización Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos en su convocatoria a esta 24a Marcha del Silencio.
“Los generales que estos días expresaron su mentalidad golpista, que avalaron con sus fallos de los Tribunales de Honor, los gravísimos delitos de Gavazzo, Silveira y Maurente, no deben bajo ningún concepto integrar y menos aún conducir las Fuerzas Armadas. Pero, nuevamente el Senado no estuvo a la altura de lo que la República exige”, agregó.
También denunció la poca transparencia que tuvo el proceso, los pactos silenciosos y la falta de decisión política “con que se han movido todos los partidos que se han sucedido en el gobierno”.
“Esos mismos senadores que se llenan la boca diciendo que quieren terminar con los delitos, ¿qué nos ofrecen con esta votación? Humillación, vergüenza y más impunidad. Queremos un Estado que genere garantías y no amenazas. Un gobierno que las materialice con Verdad y Justicia. Con investigación y esclarecimiento de los delitos del Estado, como la base sólida en la que se asiente la democracia”, continúa la convocatoria. “A los 3 partidos que se alternaron desde el 85 a la fecha les cabe la responsabilidad de mantener intocada la formación de las Fuerzas Armadas, en una doctrina golpista y una soberbia mesiánica, colocándose además como una institución por encima y por fuera de nuestro orden democrático. Sin sentirse obligados a subordinación alguna a los Poderes del Estado”.