Ecuador. Provincia de Azuay. Junio 2021
La causa:
Violencia sexual, acceso al aborto y leyes restrictivas, violencia institucional. El caso de Celia.
Los hechos:
Celia, mujer indígena de 42 años vive con su padre y sus tres hijos de 10, 7 y 2 meses, en condiciones de extrema pobreza y con trabajo precario y ocasional.
Sus dos primeros hijos fueron concebidos en relaciones consensuales. A los 32 años tuvo a su primer hijo, su pareja la abandonó y ella, después del parto, solicitó una ligadura, pero en el servicio de salud le solicitaron la autorización de su pareja, lo que la llevó a desistir. Nunca más busco anticoncepción pues sentía vergüenza de ir al centro de salud y le asustaba ser cuestionada por no estar casada.
A los 35 años con una nueva pareja, quedó embarazada de su segundo hijo y aunque esta vez no quería continuar con el embarazo, su padre la convenció de hacerlo y tuvo su parto en casa.
En el mes de junio del año 2021 fue víctima de violencia sexual por parte de un vecino de la comunidad y nuevamente quedó embarazada. No supo de su embarazo hasta la semana 20 cuando, cuando acudió al centro de salud por sentir un malestar que había atribuido al COVID-19. Allí solicitó acceder a un aborto por violación, pero el centro de salud demoró tres semanas en determinar si podía o no ofrecer el servicio de aborto por violación y decidió finalmente negarlo pues la mujer ya estaba de 23 semanas de gestación.
Como consecuencia de la presión, su salud mental comenzó a verse afectada, al punto de manifestar deseos de suicidarse. A pesar de eso, también se le negó la opción de aborto por causal salud y no se le informó sobre éste como uno de sus derechos.
En la actualidad continúa bajo seguimiento del Estado, pues por su condición de pobreza considera que ella puede ser negligente con los niños a su cargo.
El caso de Celia simboliza un conjunto de situaciones que llevan a las mujeres a continuar embarazos que no desean y que empieza por su vulnerabilidad frente a la violencia sexual, seguido por la falta de acceso a servicios de salud reproductiva y en particular de acceso a métodos anticonceptivos, y finalmente por barreras para acceder a un aborto legal. Todas estas situaciones agravadas por la pobreza, la marginalidad y la pertenencia étnica. Elementos objetivos y subjetivos que nos permiten determinar que ella fue víctima de tortura por parte del Estado Ecuatoriano.
En el año 2021 se dictó en el Ecuador una sentencia constitucional que despenalizó el aborto por casual violación (12 semanas) pero nunca se reguló. Se generó un proyecto de Ley que fue modificado por la Asamblea Nacional estableciendo el plazo de 18 semanas para el acceso al aborto por violación de niñas, adolescentes y mujeres rurales, y de 12 semanas para el resto de las mujeres y personas gestantes, creando un sistema desigual entre grupos de mujeres. Finalmente, esta ley fue sometida a la revisión del presidente Guillermo Lasso y fue vetada.
El impacto más grande es para las niñas menores de 14, la población más afectada por la violencia sexual en el país, las que más demoran en identificar un embarazo producto de violación y son quienes menos recursos tienen para buscar una interrupción del embarazo de forma oportuna. Lo mismo sucede con las mujeres rurales por la falta de acceso a servicios de salud y justicia, y las mujeres de los quintiles económicos más bajos que tienen menor acceso a educación por los mayores obstáculos que enfrentan para acceder a un aborto de forma oportuna y segura.
Instancias estatales responsables:
El principal responsable de las vulneraciones de derechos es el Ejecutivo a través del Ministerio de salud pública, el presidente de la República, La Asamblea Nacional y la Corte Constitucional.
A través de sus acciones se incumplieron los compromisos del Consenso de Montevideo en relación a varias medidas: la A, D, E, G, B y H.
Para conocer el caso completo, ingresar:
Otros casos presentados en Causa Abierta 2022: Caso Brasil, Caso Chile
Médica y Ginecóloga, certificada por el Consejo Mexicano de Endocrinología y Nutrición y
por la Federación Internacional de Ginecología Infanto-Juvenil. Se ha desempeñado en
varios servicios públicos (Biología de la Reproducción y Salud Reproductiva para Niñas
Adolescentes), incluyendo en la Dirección General Adjunta de Salud Reproductiva de la
Secretaría de Salud Federal de México. Fue Directora de Ipas México y Secretaria
Técnica del Comité Promotor para una Maternidad Segura en México.
Es autora/coautora de aproximadamente 150 artículos y publicaciones sobre los temas de
su expertise. Actualmente, se desempeña como Consultora Independiente en Salud
Sexual y Reproductiva, con énfasis en la población adolescente.